A este ritmo, España no sobrevivirá al PSOE

La criminal historia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) podría resumirse en asesinatos de opositores, como el de José Calvo Sotelo en 1936; golpes de Estado, como el perpetrado contra la Segunda República en 1934; terrorismo de Estado durante el Gobierno de Felipe González entre 1983 y 1987; amaños electorales, como en las elecciones generales de 1936; corrupción, como en los casos de los ERE (1980-2018) y Ábalos (2018-2023); así como operaciones clandestinas contra jueces, fiscales, guardias civiles o periodistas, como el caso Leire Díez (2024-2025), entre muchas otras fechorías que no mencionaré por cuestiones de espacio.

Pues bien, ayer el PSOE sumó un nuevo mérito a su ya indecente e interminable historial de delitos. Por primera vez en la historia de España, el fiscal general del Estado (FGE) se sentará en el banquillo de los acusados en un juicio penal. Algunos aquí se preguntarán: ¿qué relación tiene el Ministerio Fiscal con el PSOE? La respuesta es que, en la práctica, son lo mismo. Aunque la Fiscalía es un órgano jerárquico encargado defender la legalidad con autonomía funcional dentro del poder judicial y, por tanto, supuestamente independiente del poder ejecutivo, la Constitución, en su artículo 124.4, establece que el FGE es nombrado por el Gobierno. Una contradicción tan flagrante como irresoluble.

En este contexto, resulta aún más grave constatar que nunca antes (y repito, nunca antes) un fiscal general había actuado con una sumisión tan absoluta al Ejecutivo como Álvaro García Ortiz. De hecho, lo correcto sería decir que García Ortiz es el fiscal general de Pedro Sánchez, no del Estado.

Dicho esto, ¿por qué entonces ha sido procesado por el Tribunal Supremo? En palabras del magistrado instructor Ángel Hurtado, Ortiz habría cometido un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, un ciudadano anónimo que se ha hecho conocido por ser el novio de Isabel Díaz Ayuso, actuando «a raíz de indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno».

En otras palabras, el fiscal general de Sánchez, máxima autoridad de la Fiscalía, filtró datos confidenciales de un particular a un medio de comunicación afín al Gobierno socialista, cuando como funcionario público tenía el deber de protegerlos, actuando por orden de la Moncloa para atacar a una rival política de primer orden. Se usó el aparato estatal para perseguir y perjudicar opositores, nada más y nada menos.

Ortiz llegó a borrar toda la información de su teléfono móvil en dos ocasiones, el mismo día en que se abrió la causa en el Supremo contra él. Además, eliminó su cuenta de Google para no dejar ningún rastro en Gmail ni en Drive de las conversaciones con sus subordinados destinadas a ejecutar la operación clandestina.

El escenario que se presenta ahora es kafkiano. Si Ortiz no dimite (algo poco probable, por decirlo suavemente), será un subordinado suyo quien decida si lo acusa o no, una situación grotesca que solo contribuirá a dañar aún más el nulo prestigio y la inexistente credibilidad de la Fiscalía. La degradación institucional ya no tiene límite. A este ritmo, España no sobrevivirá al PSOE, salvo que las personas de bien hagamos algo para impedirlo.

El próximo Gobierno, con toda seguridad, no tendrá los dos tercios en las Cortes Generales para reformar la Constitución y eliminar el nombramiento discrecional del fiscal general, pero sí podrá consultar a la carrera fiscal, que votará a la persona indicada, y el Ejecutivo podrá proponerla sin imponerla a su antojo. De este modo, la Fiscalía podría comenzar a recuperar la honorabilidad que le corresponde. Sería el primer paso para convertir a España en un país primer mundista, y no en una república bananera como la que tenemos actualmente.