En la dirección del PSOE no han querido volver a hablar de Ábalos desde que se tomó la decisión de abrirle un expediente de expulsión por su «responsabilidad política» en el caso Koldo. La respuesta recurrente es que el ahora diputado del grupo mixto, que sigue sin estar imputado (por estar aforado) en la trama de cobro ilegal de comisiones millonarias por la compra de mascarillas durante la pandemia que tuvo como epicentro el Ministerio de Transportes que él dirigía, «ya no está en el partido» ni se sienta en sus escaños del Congreso.
Tampoco entran ahora a valorar la amenaza velada de quien fuera el hombre fuerte de Pedro Sánchez tanto en el Gobierno como en la cúpula de Ferraz después de que una auditoría interna encargada por quien ostenta en la actualidad esa misma cartera, Óscar Puente, lo haya señalado como la persona que dio la orden directa para la realización de los contratos que se están investigando. «Me provoca incomprensión. Lo que tenga que venir, vendrá», advertía el político valenciano en declaraciones a El Mundo, dando a entender que podría replantearse su postura con sus excompañeros de filas tras meses de «mucha caballerosidad».
El exnúmero tres de Ferraz había asegurado que no tenía «ninguna manta» de la que tirar y que no era una «bomba de relojería» ni para Sánchez «ni para nadie». Ahora advierte que se le ha hecho «una investigación paralela y subjetiva que no tiene sentido ni precedentes en España contra alguien de un mismo partido político», que «no es para colaborar con la justicia», que es algo que «ni siquiera» hizo él contra el PP por el accidente del Alvia en Santiago de Compostela, en el que fallecieron 80 personas, y que está deseando que se le dé la oportunidad de explicarse porque no tiene «nada que esconder».
La auditoría realizada por la Inspección de Servicios del Ministerio de Transportes a instancias del también socialista Óscar Puente detalla que el 20 de marzo de 2020 Ábalos firmó con solo 38 minutos de diferencia sendas órdenes para comprar primero cuatro millones de mascarillas y después ocho millones que terminó suministrando Soluciones de Gestión, la empresa que está en el epicentro de la trama Koldo. Esta doble autorización lo situaría como una pieza clave de la corrupción que se está investigando en la Audiencia Nacional, ya que, según las conclusiones del informe, «estaría más relacionada con la oferta existente que con las necesidades» de adquisición de material sanitario.
De todo esto, resulta absolutamente inverosímil que Pedro Sánchez no supiera nada. Por algo puso a José Luis Ábalos, su mano derecha y hombre de máxima confianza, en el Ministerio de Transportes, ya que maneja el tercer mayor presupuesto público, solo por detrás del Ministerio de Seguridad Social y muy cerca del de Defensa. Sin embargo, cuando se enteró de que ya en 2021 Hacienda y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude estaban investigando los sospechosos movimientos de dinero de la trama, decidió quitarle a Ábalos el Ministerio y su cargo orgánico de secretario de organización del PSOE. Pero lo incluyó en las listas de las elecciones del 23-J para asegurarse de que saliera elegido como diputado y así mantener su condición de aforado, precisamente por la gravedad del caso. Con la detención de Koldo en febrero, lo expulsa del partido para dar la impresión de que está en contra de la corrupción y encarga la auditoría que ejecuta Puente para cargarle el muerto a otro y que no le salpique como verdadero responsable. Koldo no deja de ser el chico de los recados sin poder ni conocimiento para actuar a espaldas de Ábalos, quien tampoco podía operar sin el visto bueno de Sánchez, que dirige el partido con mano de hierro.
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