Pedro Sánchez busca aprobar una ley de impunidad para sí mismo y sus allegados

Pedro Sánchez, a través del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, ha presentado una proposición de ley orgánica ad hoc que, de manera inconstitucional (para más detalles, véase el hilo de Natalia Velilla, magistrada y consejera editorial de la Fundación Hay Derecho), cercenaría el ejercicio de la acusación popular, con el propósito de blindarse frente a las investigaciones que podrían destapar su corrupción sistémica.

Vaciar de contenido una institución constitucional dejando solo una cáscara representativa pero desnaturalizándola, es un fraude de ley y es inconstitucional. Hilo 🧶 pic.twitter.com/POnrioJzRP

— Natalia Velilla (@natalia_velilla) January 11, 2025

La reforma redactada por los socialistas mata cinco pájaros de un tiro: suprimiría de facto la acusación popular para que el PP, Vox, Manos Limpias y Hazte Oír sean expulsados de las causas que afectan a Sánchez y directamente prohíbe que la ejerzan las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, puesto que en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está personada la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Impide a los jueces (o lo pretende) admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa, ya que muchísimas causas de corrupción han salido a la luz gracias a investigaciones periodísticas. Añade motivos para recusar a un juez, con la clara intención de deshacerse del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Y, de propina, borra de un plumazo el artículo 525 del Código Penal, el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, una vieja reivindicación de la izquierda, pero manteniendo los «delitos de odio». Libertad de expresión, sí, pero solo para los suyos.

Todo ello, como se ha mencionado previamente, mediante una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista en lugar de un proyecto de ley del Consejo de Ministros, un atajo que el PSOE viene utilizando de manera sistemática para redactar o reformar leyes no solo ordinarias, sino también orgánicas, que afectan, por tanto, a los derechos fundamentales. Es el mismo modus operandi que con la ley de amnistía, con la llamada «ley Txapote» y con la reforma de la ley de seguridad ciudadana (aún en trámite parlamentario), entre otras.

Con ello va mucho más rápido, porque la tramitación empieza en el Congreso y no con un anteproyecto de ley elaborado por un ministerio, y se ahorra los trámites de audiencia e información públicas y los informes de los órganos consultivos. En este caso, de una tacada los socialistas pretenden reformar dos leyes orgánicas, la del Poder Judicial y el Código Penal; y una ley ordinaria, la de Enjuiciamiento Criminal.

Respecto al alcance de la reforma, esta tendrá consecuencias inmediatas en el caso de Begoña Gómez, el de José Luis Ábalos, el del fiscal general del Estado y el del hermano de Sánchez. La proposición de ley incluye una disposición transitoria única que facilitará la expulsión del PP, Vox y las «asociaciones ultraderechistas» (según el superministro Félix Bolaños) que ejercen las acusaciones populares en esos cuatro casos: «Las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento. A la modificación realizada en el Código Penal le resultará de aplicación lo previsto en el artículo 2.2 de dicho texto legal», estipula.

El PSOE deja para más adelante otra reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tiene pendiente, para quitar la instrucción de las causas penales a los jueces y dársela a los fiscales. Sánchez quiere esto porque el Ministerio Fiscal no es independiente del Gobierno. Es célebre la infame intervención de Sánchez en Radio Nacional de España (RNE): «¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está…». De hecho, el Ejecutivo nombra al fiscal general del Estado y, al ser la Fiscalía una institución jerárquica, puede mantenerla bajo control para decidir qué casos investigar y cuáles no.

La proposición es de tal gravedad que todas las asociaciones judiciales, incluso la siempre servil al PSOE, Juezas y Jueces para la Democracia, han rechazado la propuesta de reforma de la acusación popular diseñada para «casos con nombre y apellidos». Sin decirlo textualmente, todas dejan perfectamente claro que esto representa un paso decidido hacia el autoritarismo.